La política española de telecomunicaciones, al igual que la de otros países de la Unión Europea (UE), se enfrenta a un reto formidable: a lo largo de la próxima década será necesario movilizar un volumen de recursos financieros, públicos y privados, históricamente muy elevado, para dotar a nuestro país de unas infraestructuras de banda ancha de nueva generación (fijas y móviles) que sustituyan a las actuales.
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